En primera instancia, se debe acceder a información que puede ser emitida por entidades gubernamentales u otras autoridades oficiales relevantes, como por ejemplo:

• Diario Oficial de la República de Chile
• Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)
• Dirección del Trabajo (DT)
• Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)

Con esta información, se generará una base de datos con todos los requisitos relativos a SST vigentes a la fecha de análisis. En base a esta información se debe ir “marcando” los requisitos que son aplicables a las características de la organización (actividades económicas, número de trabajadores, materias primas, entre otras).

Una vez identificado los requisitos legales aplicables, se deben clasificar de acuerdo con lo siguiente:

• Aspectos legales generales
• Aspectos legales específicos

Aspectos legales generales

Son aquellos requisitos de SST que aplican a la organización, independiente de las actividades desarrolladas, los procesos productivos, la infraestructura, el número de trabajadores, entre otros. Por ejemplo:

• DTO 40 “Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales”
• DTO 594 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”
• DTO 63 “Reglamento para la aplicación de la Ley 20.001, que regula el peso de carga humana”
• DFL 1 “Código del Trabajo (Libro I y Libro II)”

Aspectos legales específicos

Son aquellos requisitos de SST que aplican a la organización a partir de las particularidades que posee la organización, las cuales están relacionadas con:

• Exigencias que se deben cumplir a partir de las actividades económicas específicas desarrolladas, tales como la minería, pesca, puertos, aeropuertos, construcción, agricultura, transporte, entre otras
• Normas especiales que regulan la producción, manipulación y uso de ciertas materias tales como químicos, pesticidas, pinturas y barnices, elementos radioactivos, plomo y asbesto; entre otras
• Cuerpos legales y reglamentos que normalizan ciertos procesos, tales como, almacenamiento y transporte de gas y combustibles

Esta etapa de identificaciÓn debe ejecutarse periódicamente, dado que un requisito que no aplica a la organización hoy, puede cambiar en el corto plazo. Algunas normativas específicas son:

• DTO 54 “Reglamento para la constitución y funcionamiento de los comités paritarios de higiene y seguridad”
• DTO 76 “Reglamento para la aplicación del artículo 66 Bis de la Ley 16.744, sobre empresas en régimen de subcontratación”

Luego de identificar los requisitos legales, se debe realizar un análisis de cada requisito con el objetivo de determinar lo que deberá cumplir la empresa/organización.

Este análisis se debe realizar a un nivel de detalle suficiente para que la empresa/organización sepa cómo aplican y dónde aplican los requisitos de SST, para esto:

• Se debe analizar la estructura del requisito, descartando los apartados (títulos, capítulos, artículos, incisos, según corresponda) que no generan exigencias para la empresa/organización
• A partir del resultado anterior, se debe “analizar” cada una de las exigencias que indica el requisito, a nivel de artículo, estableciendo con claridad lo que se “exige hacer”. Como resultado se obtiene el número de exigencias que se deben evaluar la organización

El objetivo de esta etapa es decidir si las exigencias determinadas por cada cuerpo legal (definida en el paso anterior) se “cumplen” por la empresa/organización.

Para esto, se debe determinar el alcance que poseen (nivel empresa/centro de trabajo) y los “registros” que evidencian el cumplimiento. Es importante aclarar que una exigencia se “cumple”, sólo SI es demostrable a nivel de todo el alcance solicitado.

Se debe considerar que, a diferencia de otras evaluaciones, el cumplimiento de los aspectos legales es independiente de los criterios que pueda determinar la organización, como por ejemplo los relacionados con los aspectos operacionales, con aspectos técnicos y/o aspectos financieros, entre otros.

El resultado de la etapa será el número de exigencias que se cumplen y no se cumplen.

Tiene por objetivo dar cumplimiento a todas las brechas detectadas en el proceso de evaluación. Es decir, por cada “no cumpla” se debe generar la actividad que remedie esta condición.

Esta planificación debe estar documentada y contener como mínimo la siguiente información:

• Responsable de coordinar/efectuar la actividad
• Descripción de la actividad
• Fecha máxima de implementación
• Registros de evidencia que se deben mantener

Este Plan de acción debe ser seguido y verificado periódicamente, buscando que se cumple la planificación establecida. La meta de esta etapa es el “Cumplimiento del 100% de las brechas detectadas en la evaluación”.

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